La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Augusto Barros, mantuvo un nuevo encuentro y en esta oportunidad dio despachos a un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para su análisis e incluido en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias sobre la modificación de la normativa de Ministerios (ley N° 5635)
Esta iniciativa propone la incorporación dentro de la gestión administrativa del Poder Ejecutivo del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos con el fin de promocionar políticas socio laborales inclusivas que permitan eliminar las desigualdades socioeconómicas que obstaculizan el desarrollo de las capacidades humanas, y las brechas de conocimiento. Las funciones del propuesto Ministerio serán las de proponer, diseñar, elaborar, administrar y fiscalizar las políticas públicas para todas las áreas del trabajo.

La ley también propone la incorporación de la Secretaria de Trabajo (que actualmente depende del Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos) a la órbita del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos con el fin que estas áreas trabajen en coordinación en base a nuevos lineamientos y políticas de Estado que el Ejecutivo proponga en la materia y en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, y la capacitación laboral.

También propone que la Secretaría de Capital Humano (dependiente del Ministerio de Planificación y Modernización) sea incorporada a la órbita del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos con el objetivo de la mejora del gerenciamiento de los recursos humanos. Entre sus objetivos tendrá la tarea de administrar todo el recurso humano de jurisdicción provincial, la capacitación y carrera de los agentes, el diseño de acciones correctivas, su ejecución y seguimiento, el planeamiento organizacional y el funcionamiento de los órganos administrativos, el mejoramiento de su desempeño a través de su examen crítico, el diseño y ejecución de acciones de reforma generales respecto a los recursos informáticos y su administración y en lo concerniente al análisis e implementación de la política salarial del sector público.