DECLARAR EL MAS ENERGICO REPUDIO A LOS DESPIDOS PRODUCIDOS EN LA UDAI CATAMARCA DE LA ANSES

Proyecto N°:  7    -  Año:  2.018

Fecha de Ingreso:  8 February, 2018

Tipo de proyecto:  DECLARACION

Autor/Autores: 


Dictamenes de comision: 

      El proyecto no tiene dictamenes de comision.

Normativa final del proyecto: 

      El proyecto no cuenta con una Normativa sancionada.

Texto del proyecto

EXPTE Nº: 007/18

INICIADORA: DIPUTADA ADRIANA DIAZ.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente. Señores/as Diputados/as

Entre diciembre de 2015 y enero de 2017, se contabilizan 245.466 despidos y suspensiones de trabajadores en Argentina. De este total, 205.697 corresponden a despidos, y 39.769 a suspensiones.

Del total de despidos de trabajadores, 131.072 fueron ejecutados en el sector privado, sector al que corresponden casi la totalidad de las suspensiones (39.739).

Estos números expresan claramente una forma de administración, fácilmente comparable con otras administraciones en nuestra historia política y económica. El pretendido achicamiento del estado, la apertura sin regulación de las importaciones (entre otras medidas) provocaron en nuestro pasado, tanto quiebres institucionales como situaciones de explosión social y muerte de argentinas y argentinos.

El trabajo, es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, reconocido como tal en todas las declaraciones internacionales al respecto, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y en casi todas las Constituciones Nacionales del mundo.

En nuestro país, el trabajo como derecho esta explicitado en los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional. En estos artículos se expresa que “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita…” (Art. 14), y “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.” (Art. 14 bis).

Nuestra provincia no ha sido, ni lo es actualmente, ajena a esta situación de despidos. En la esfera privada, las suspensiones son la moneda corriente contra las que luchan los trabajadores a diario, que anticipa un cierre definitivo que se asoma como un peligro latente. El cierre de Yersiplast en junio de 2017, y el consecuente despido de los trabajadores que aún continuaban con sus tareas, las recientes suspensiones, retiros voluntarios y despidos en Alpargatas en el mes de Febrero de 2018, se inscriben en este contexto nacional de despidos y suspensiones, cuantitativamente de manera proporcional a la población.

Los despidos en la UDAI/ANSES Catamarca, producidos en la primera semana de febrero de 2018, nos alertan sobre que la política de achicamiento del Estado y la persecución por razones ideológicas, se hacen presentes en nuestra provincia. Todos los telegramas recibidos por las trabajadores y trabajadores de la representación en Catamarca del organismo nacional, se producen sin expresión de causa, y cuando se hace un análisis individual de los mismos, es claramente observable que corresponden a militantes, algunos con funciones anteriores en cargos ejecutivos, en un partido u organización que no es del mismo signo político que el de la actual administración nacional.

Esta situación se agrava cuando estos despidos significan el cierre de representaciones en el interior de nuestra provincia, como ha sucedido en la ciudad de Tinogasta.
En este sentido es necesario recordar la misión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): “Ejecutar las políticas adoptadas por el Estado Nacional en materia de seguridad social, asegurando que la población beneficiaria de las mismas obtenga las prestaciones y los servicios regulados por las normas vigentes. Administrar con eficacia y responsabilidad social el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ejecutar las decisiones adoptadas en el marco del Programa Conectar Igualdad”.

Este achicamiento del estado, que se expresa a partir del despido de trabajadores, de la persecución política e ideológica y el cierre de representaciones, cercena la realización plena de los derechos humanos, no sólo de las y los trabajadores, sino de toda la población argentina y en particular, la catamarqueña.

Finalmente, llama la atención el silencio cómplice de los representantes políticos del gobierno nacional en Catamarca (FCyS – PRO – CAMBIEMOS – CC.ARI), que no han salido en defensa de las y los trabajadores catamarqueños despedidos, ni del cierre de las delegaciones de la ANSES en el interior provincial, ni de sus consecuencias. Cabe entonces avizorar lo que podría ocurrir con los trabajadores catamarqueños, en hipotético caso de que la alianza política englobada bajo el sello Cambiemos, arribara al ejecutivo provincial.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
SANCIONA CON FUERZA DE
DECLARACIÓN:

ARTÍCULO 1º.- Declárase la profunda preocupación y repudio de este Cuerpo Legislativo por los despidos sistemáticos que viene ejecutando el Gobierno Nacional desde el mes de diciembre de 2015 en todas las áreas de la administración pública, que se traducen en una ausencia del estado en áreas fundamentales para la vida del pueblo argentino.

ARTÍCULO 2º.- Expresar la preocupación y repudio por los despidos sin causa justa, ejecutado sobre trabajadores y trabajadoras en el ámbito de UDAI/ANSeS Catamarca, basada en la ideología y militancia en partidos u organizaciones políticas no afines al partido político que ocupa actualmente el ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 3º.- Exhortar a los organismos del estado nacional a cesar en los despidos, al mismo tiempo de retrotraer a un estado anterior a las argentinas y argentinos despedidos, dando así cumplimiento a los Art. 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

ARTÍCULO 4º.- Cúrsese, mediante nota de estilo, copia certificada de la presente Declaración con sus respectivos fundamentos, al señor Presidente de la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social, al Ministerio de Justicia y derechos humanos, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

ARTÍCULO 5º.- De forma.-

FIRMA: DIPUTADA ADRIANA DIAZ