La equidad de género es la capacidad de una sociedad de ser equitativa y justa en el trato de hombres y mujeres en los ámbitos social, cultural y político. La equidad de género es responsabilidad del Estado, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Nuestra Institución está comprometida con avanzar en la igualdad de género. Para ello, identifica y visibiliza las barreras, brechas e inequidades que se presentan entre hombres y mujeres, generando propuestas de acción para eliminarlas. 

La Ley Micaela es el reconocimiento y el resultado de la lucha de las mujeres que ha ganado estatus público y ha ganado reconocimiento en el ámbito político. El arco político asume su responsabilidad y reconoce un derecho ineludible que exige este momento histórico, para frenar la violencia patriarcal como problemática social ineludible en la construcción de una sociedad más justa para todes. La formación en género contemplando la perspectiva de la identidad de género y sexual y las diversas formas de violencia; constituyen temas imprescindibles a ser abordados para una cabal transformación social. El Estado, como agente responsable de la garantía de derechos, no puede estar exento de esta problematización aportando al cambio de prácticas y políticas públicas que impacten en la cultura. En ese sentido, la Ley Micaela abre caminos en tanto se propone promover espacios de formación e interpelación en género y diversidad sexual para todos los agentes que conforman la administración pública.