EL NUEVO PROYECTO DECLARA LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA REFORMA TOTAL DE LA CONSTITUCIÓN

El nuevo proyecto de Reforma de la Constitución presentado por los bloques del Frente Para la Victoria-Partido Justicialista; bloque Renovación Peronista y bloque unipersonal “Ricardo Alfonsín”, en la Cámara baja, declara la necesidad y conveniencia de la reforma total “en el convencimiento que los fundamentos vertidos en aquella primera oportunidad, se mantienen plenamente vigentes y ameritan que las fuerzas políticas con representación parlamentaria, avancen en la generación de los consensos necesarios para arribar a la sanción de la ley que permita la convocatoria a la elección de convencionales constituyentes que tendrán a su cargo la responsabilidad histórica de alumbrar un nuevo texto constitucional para Catamarca”, de acuerdo señala el texto de la fundamentación.
“Estamos compelidos a asumir el desafío de alcanzar la consecución de la felicidad del Pueblo de Catamarca y la elevación de la dignidad de todos los habitantes de la provincia. Para ello, debemos despojarnos de todo tipo de intereses personales o sectoriales, dejar de lado las mezquindades partidarias, porque todos debemos transitar el camino hacia la construcción de una comunidad que sea profundamente igualitaria, donde no existan ni perduren privilegios que irritan al conjunto de la ciudadanía. Una comunidad que nos haga sentir el orgullo de habitarla como protagonistas esenciales de una sociedad que debe ser cada día más pluralista y profundamente democrática”, señalan los diputados..
Para los legisladores, “una comunidad cuya organización política e institucional sea un ejemplo a seguir por parte de las demás provincias argentinas”.
“Debemos repensar la organización de los poderes que tienen a su cargo las funciones del Estado Provincial, para que la ciudadanía se sienta contenida, comprendida y satisfecha en sus demandas, y respetada en sus derechos fundamentales”, manifiesta el texto.
“Una constitución que siente las bases de una nueva organización estadual para el desarrollo armónico de todos los departamentos y localidades de la Provincia, con inclusión social para todos sus hijos, con criterio de igualdad y equidad.
Que el nuevo plexo constitucional que alumbre la reforma reconozca por estricto derecho, la preexistencia de los pueblos originarios, la preservación de la identidad cultural de sus comunidades y el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, de conformidad a sus tradiciones ancestrales.
Una nueva comunidad provincial donde no existan más los privilegios de la clase política, a partir del redimensionamiento del concepto de las inmunidades parlamentarias, para remover definitivamente las aberrantes distorsiones que la práctica parlamentaria ha ocasionado y que alejan a los representantes del Pueblo de sus representados.
Una Constitución que termine de una vez por todas con el período parlamentario de escasos seis meses, para extender el funcionamiento del Poder Legislativo a todos los meses de cada año, lo que contribuirá al mejoramiento de la imagen institucional de ambas cámaras legislativas por ante el conjunto de la población.
Una Constitución que otorgue verdadera certeza electoral a todas las agrupaciones políticas, cualquiera que fuese el partido gobernante, y que permita despojar a las convocatorias electorales, de cualquier tipo de especulación política-partidaria..
Una Constitución que aleje los poderes del Estado y a quienes los componen, de la tentación de perpetuación indefinida en los cargos, lo que traerá aparejado una praxis política más democrática.
Una constitución que garantice la sucesión directa del Gobernador por parte del Vice-Gobernador, para superar así el amañado procedimiento que se encuentra vigente y que impone el llamado a elecciones cuando se produce la vacancia en el cargo de Gobernador faltando más de un año para completar el período de mandato.
Una moderna organización judicial también se impone como meta a alcanzar, sin desmedro de la necesaria e innegociable independencia de la administración de justicia. La transformación del Poder Judicial exige la aplicación de nuevos criterios vinculados con la renovación periódica de sus aptitudes y saberes jurídicos, a través de concursos públicos de antecedentes y oposición no sólo para el ingreso a la función judicial, sino también para continuar desempeñando tan altas funciones. Porque el principio de periodicidad de los mandatos, ínsito al sistema republicano de gobierno, también resulta aplicable a este Poder del Estado, aun cuando no puedan equipararse las condiciones objetivas establecidas para los poderes ejecutivo y legislativo. Empero, no resulta aceptable de ningún modo, que la inamovilidad de los magistrados pueda ser equiparada a ejercicio vitalicio de los cargos judiciales, como algunos miembros de la magistratura ha entendido a su favor, porque ello resulta lesivo del principio de periodicidad de los mandatos.
La necesaria sinergia que debe existir entre la administración de justicia y la sociedad que le ha confiado tan digna misión a sus miembros, requiere para su restablecimiento definitivo que sean pensadas y establecidas nuevas formas de participación popular en el control del ejercicio de la función judicial, con miras a garantizar la transparencia, la publicidad, y una justicia oportuna y eficaz.
También es dable resaltar que la Constitución vigente consagra bajo titularidad de un mismo funcionario judicial, el Procurador General de la Corte, dos funciones que resultan esencialmente contrapuestas en todo proceso judicial, cuales son la tarea del Ministerio Público Fiscal y la del Ministerio Público de la Defensa. Si bien en ambas se encuentra subsumido el interés público, dado que resultan fundamentales para el respeto irrestricto del derecho de defensa y de la garantía del debido proceso legal, ambas de profunda raigambre constitucional, una se encuentra relacionada con la sociedad en general, en tanto que la otra se vincula con el justiciable particular. De manera tal que la separación de ambas funciones, como institutos perfectamente diferenciados del proceso judicial, se impone como indispensable.
El procedimiento de selección de los postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial, ya sea como magistrados o funcionarios, es otra cuestión que debe debatirse y resolverse en el nuevo diseño institucional. Actualmente, el Consejo de la Magistratura es una institución, en nuestro sistema local, de jerarquía legal, infra-constitucional. Es pues, necesario poner en debate cual sería el mejor procedimiento para la selección de los miembros del Poder Judicial, a fines de asegurar la incorporación de aquellos profesionales que no sólo califiquen en virtud de su formación jurídica, sino también que reúnan condiciones de probidad, de independencia, de fortaleza frente a posibles presiones, de prudencia, de ecuanimidad.
La Policía Judicial, contemplada en el actual ordenamiento constitucional, e implementada desde el cambio del sistema inquisitivo por el acusatorio, también debe ser transformada para satisfacer la demanda de justicia y asegurar la celeridad y eficacia de las investigaciones penales, mediante una acertada profesionalización de sus cuadros. Si bien la Policía Judicial trabaja directamente vinculada con los Fiscales de Instrucción, éstos carecen de atribuciones para sancionar incumplimientos, faltas, irregularidades o negligencias de sus miembros en el desempeño de sus funciones. Ello ocurre porque las facultades de superintendencia se encuentra conferidos por el sistema vigente, a la Corte de Justicia, cuando en realidad debiera vincularse con el Ministerio Público Fiscal. Cuestión que debe ser abordada, debatida y –a nuestro criterio- modificada.
Otra cuestión no menor es la vinculada con la manifiesta desigualdad existente en orden a los requisitos objetivos exigidos para acceder a los cargos de magistrados y funcionarios, entre quienes ya integran el poder judicial y aquellos abogados que ejercen libremente la profesión, siendo menor la antigüedad prevista para los primeros y mayor respecto a los segundos. Propiciar condiciones igualitarias resulta un acto de estricta justicia, y vendría remover un privilegio que resulta discriminatorio.
A partir de la incorporación a la Constitución Nacional de 1994, del plexo de convencionalidad compuesto por las Convenciones y Tratados Internacionales, a los que se reconociera jerarquía constitucional, se impone la profundización de la vigencia y respeto irrestricto de los derechos humanos y ciudadanos. Por lo que resulta importante considerar la posibilidad de incorporar, con rango constitucional, un mecanismo local para la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en lugares de detención o alojamiento de personas.
En lo atinente al Régimen Municipal, se observa que en la actualidad, si bien se ha superado la distinción jurídica entre municipios de 1ra., 2da. y 3ra. categoría que contenía el régimen anterior a la reforma de 1988, en los hechos ha quedado subsistente algún tipo de diferenciación, dado que solamente algunos municipios tienen perfectamente delimitadas las atribuciones y deberes asignadas a la función ejecutiva y legislativa, tanto que otros, más pequeños, sólo cuentan con la figura del Intendente Municipal, en el cual se encuentran subsumidas ambas funciones del poder de los municipios. La necesaria modernización del sistema de gobierno municipal, impone garantizar para todos los municipios una organización que garantice efectivamente la separación de funciones y prevenga la concentración del poder.
La educación es para los Pueblos, herramienta de formación del pensamiento crítico democrático y de liberación de las sociedades, a la par que es garantía de movilidad social ascendente. Sin embargo, en el régimen constitucional actual, las garantías mínimas de acceso al sistema educativo se limitan al nivel primario y a una parte de la enseñanza secundaria, cuando en realidad debiera ser un derecho para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Anhelamos un nuevo ordenamiento constitucional que reconozca y garantice el derecho a la educación para todos y todas, y que extienda esta garantía a otras formas no convencionales de enseñanza, como la educación rural, la educación en contexto de encierro y la educación hospitalaria, a cuya consagración constitucional aspiramos.
También vinculada con la educación, se encuentra el objetivo de alcanzar la conformación de una sociedad más pluralista, en la que el respeto a distintos pensamientos y creencias sea garantizada en las escuelas, a través de la enseñanza laica. En este orden de ideas, resulta anacrónica y discriminatoria, la actual norma constitucional que establece la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, porque ello conculca los derechos de las personas que pertenecen a otros credos religiosos diferentes al católico, y lesiona también los derechos de los no creyentes. La igualdad ante la ley en materia educativa resulta vulnerada cuando se impone desde el Estado la enseñanza de una religión determinada. Por lo que debe ponerse en debate la necesidad de superar, desde la enseñanza oficial, la orientación religiosa en las escuelas públicas, y dejarlo así plasmado en un nuevo orden constitucional, mediante la supresión de este tipo de enseñanza.
La carrera docente difiere, en el sistema actual, según que los maestros o profesores ejerzan el ministerio de la docencia en escuelas de gestión estatal o privada, consumándose una arbitraria e injusta desigualdad entre quienes ejercen una misma profesión de altísima finalidad social. Los docentes de escuelas de gestión privada se encuentran a expensas de la discrecionalidad, y en algunos casos, de la arbitrariedad de propietarios, representantes legales o directivos de tales establecimientos. El restablecimiento de las condiciones de igualdad en orden a la equiparación de los derechos de todos los docentes, cualquiera sea la naturaleza de los establecimientos educativos en los que presten sus servicios, debe ser reconocida y contemplada en el nuevo orden constitucional.
Estos son sólo algunos de los aspectos más relevantes que ameritan la necesidad de reforma de la Constitución de Catamarca, aunque no son los únicos, ni excluyen a los demás. Abordar el imperativo histórico de repensar la Provincia, su organización institucional, los derechos y garantías de sus habitantes, el reconocimiento de nuevos derechos, la incorporación de nuevas instituciones, debe ser un desafío para toda la comunidad, y también para las fuerzas políticas que tienen representaciones institucionales.
Porque emprender la construcción que sea cada día más justa y solidaria, donde la igualdad ante la ley no quede en una mera declaración sin sustento fáctico, requiere y supone el compromiso e involucramiento activo de toda la ciudadanía, a la que nos debemos y por la cual hay que trabajar removiendo todos los obstáculos que impidan o aminoren una integración y desarrollo pleno de todos sus habitantes.
Efectuamos esta propuesta desde un profundo respeto a la pluralidad de voces, a las diferentes ideologías y pensamientos, desde un verdadero reconocimiento a la riqueza de la diversidad y del disenso, con mucha humildad, pero en el convencimiento de la necesidad de despojarnos de mezquindades e intereses que no sean los relacionados con el bien común de todos los catamarqueños, para que podamos, todos juntos, arribar a los consensos y acuerdos democráticos que sean necesarios, para hacer posible la consagración de un nuevo contrato social que nos una, en un abrazo de hermanos, hacia un futuro de desarrollo colectivo con promoción de la dignidad de la persona humana, única manera posible de conformar una sociedad de iguales”, concluye la fundamentación del proyecto que tomará estado parlamentario este miércoles.
[21/5 18:56] Ille: Qué dice el nuevo proyecto de Reforma

ARTICULO 1°.- Declárase la necesidad y conveniencia de la reforma total de la Constitución Provincial.-
ARTICULO 2°.- La reforma total dispuesta por el artículo 1°, se llevará a cabo por una Convención Constituyente especialmente elegida al efecto, de conformidad a lo dispuesto en la Sección Novena, Capítulo Unico de la Constitución de la Provincia.
ARTICULO 3°.- La Convención Constituyente se compondrá de cincuenta y siete (57) miembros titulares y veintidós (22) suplentes, quienes desempeñarán sus cargos en carácter ad-honorem.
ARTICULO 4°.- Los Convencionales Constituyentes serán elegidos considerando a la Provincia como distrito único y bajo el sistema de representación proporcional previsto en la Ley 4628 y modificatorias, Electoral de la Provincia. Las listas de candidatos deberán cumplimentar la exigencia de la paridad de género, establecida por la ley 5539.
ARTICULO 5°.- Los convencionales constituyentes que resulten electos gozarán, desde el día de su elección, de las mismas inmunidades que la Constitución Provincial asigna a los legisladores. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un candidato a Convencional Constituyente, será reemplazado aplicando el sistema de reemplazos previsto legalmente para los diputados provinciales.
ARTICULO 6°.- La Convención Constituyente iniciará sus sesiones el 15 de Enero de 2020 y las concluirá el 10 de Abril del mismo año.-
ARTICULO 7°.- Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a convocar al Pueblo de la Provincia para la elección de Convencionales Constituyentes, junto con las elecciones generales previstas para la elección de Gobernador, Vicegobernador, Senadores y Diputados Provinciales en el mes de Octubre de 2019.
ARTICULO 8°.- El procedimiento del sufragio, su obligatoriedad y el escrutinio, estarán regidos por la Constitución de la Provincia, la Ley Electoral Provincial, y supletoriamente por el Código Electoral Nacional.
Podrán sufragar todos los ciudadanos que se encuentren incluidos en el Padrón electoral confeccionado para las elecciones generales de octubre de 2019.
ARTICULO 9°.- Los ciudadanos electos a ocupar los cargos de Convencionales Constituyentes desempeñarán sus funciones ad-honorem, y rigen para su elección y desempeño, las calidades, compatibilidades y restricciones previstas por el artículo 285 de la Constitución Provincial.
ARTICULO 10°.- La Convención Constituyente sesionará en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la Provincia. Podrá dictar su reglamento interno y sancionar su presupuesto.
ARTICULO 11°.- Las reformas que introduzca la Convención Constituyente serán promulgadas por la propia convención, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca, dentro del plazo de ocho días de su sanción, fecha a partir de la cual entrarán en vigencia.
ARTICULO 12°.- Los miembros de los tres poderes del Estado Provincial jurarán la nueva Constitución en acto público a celebrarse dentro de los tres
(3) días de su entrada en vigencia.
ARTICULO 13°.- De forma.-